El mundo enfrenta una cuenta regresiva climática que ya no admite dilaciones. A una década del Acuerdo de París, los compromisos, los avances y las brechas se miden no en discursos, sino en grados de temperatura, impactos reales y decisiones que marcarán el futuro de las próximas generaciones.
En 2015, cerca de doscientos países pactaron un marco común para afrontar la mayor amenaza ambiental de la era contemporánea: el cambio climático; el Acuerdo de París fijó como meta principal contener el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, un valor que, más que un dato técnico, funcionaba como un límite crucial para preservar la estabilidad de los ecosistemas, las economías y la vida humana; diez años más tarde, ese objetivo continúa siendo la referencia central, aunque el escenario se ha vuelto más apremiante y complejo, ya que las estimaciones actuales muestran que, con los compromisos existentes, el planeta avanza hacia un incremento de entre 2,6 y 3,1 °C, una situación que potenciaría a escala global los riesgos climáticos, sociales y económicos.
El año 2024 representó un giro simbólico y profundamente inquietante: por primera vez, la temperatura media global anual rebasó el límite de 1,5 °C. Aunque este acontecimiento no significa que la meta esté irremediablemente perdida, sí evidencia que el margen para actuar se reduce a gran velocidad. El mensaje resulta claro y contundente: la acción climática dejó de ser una meta estratégica para transformarse en una urgencia estructural que influye en todas las esferas del desarrollo.
El Acuerdo de París como guía en un entorno cada vez más volátil
El valor del Acuerdo de París no radica únicamente en sus metas numéricas, sino en haber establecido una dirección compartida en un sistema internacional fragmentado. Por primera vez, países desarrollados y en desarrollo asumieron compromisos climáticos bajo un marco común, con revisiones periódicas y un principio de progresividad que obliga a aumentar la ambición con el tiempo.
Aunque se han anunciado numerosos compromisos, la distancia entre esas promesas y las reducciones reales de emisiones continúa siendo amplia. La economía mundial sigue fuertemente anclada a los combustibles fósiles, y los conflictos geopolíticos, las fricciones comerciales y diversas crisis energéticas han puesto en entredicho la coherencia de las políticas climáticas en numerosas regiones. En este escenario, honrar el espíritu del Acuerdo de París demanda mucho más que simples planes nacionales: se necesita una voluntad política constante, avances tecnológicos, financiamiento suficiente y la implicación activa de actores no estatales, en especial del sector privado y de la sociedad civil.
A diez años de su firma, el Acuerdo de París sigue siendo la brújula que orienta la acción climática global. Pero una brújula, por sí sola, no garantiza llegar al destino. La velocidad y la consistencia del camino dependen de las decisiones que se tomen hoy, particularmente en esta década crítica.
Chile frente al desafío global: avances concretos y liderazgo regional
Desde su propia realidad geográfica y económica, Chile ha intentado consolidarse como un protagonista destacado en la acción climática a escala regional y global. Desde 2015, el país ha vivido un cambio significativo en su matriz energética, motivado por la convergencia de políticas públicas, capital privado y condiciones naturales especialmente propicias.
La inversión en energías renovables se multiplicó por diez en menos de una década, permitiendo que hoy más del 60 % de la electricidad provenga de fuentes limpias. La expansión de la energía solar en el norte del país y el desarrollo de parques eólicos a lo largo del territorio han consolidado a Chile como uno de los mercados más dinámicos en transición energética en América Latina. A ello se suma el posicionamiento temprano en la industria del hidrógeno verde, con proyectos que apuntan a convertir al país en un proveedor estratégico de combustibles limpios para la descarbonización global.
Estos avances no son fruto del azar. La promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático en 2022 se consolidó como un hito institucional al convertir la carbono-neutralidad para 2050 en un mandato de Estado que supera los ciclos políticos. Del mismo modo, la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en 2020 definió objetivos precisos para disminuir las emisiones de CO₂ hacia 2030, fortaleciendo así la señal estratégica de largo plazo dirigida a inversionistas y actores económicos.
El reverso de la crisis: efectos climáticos y la urgencia de adaptarse
Pese a los avances en mitigación, la realidad climática ya se expresa con intensidad en el territorio chileno. La sequía prolongada impacta a cerca del 80 % del país, modificando la disponibilidad de agua para el consumo humano, la agricultura, la industria y los ecosistemas. Los incendios forestales, cada vez más habituales y severos, revelan la fragilidad de los paisajes y de las comunidades frente a eventos extremos que el cambio climático ha ido agudizando.
Estos impactos han puesto en el centro del debate la necesidad de avanzar con la misma determinación en adaptación y resiliencia. Reducir emisiones es indispensable, pero no suficiente. Las políticas climáticas deben anticipar riesgos, fortalecer capacidades locales y proteger a los sectores más expuestos, especialmente comunidades rurales, pueblos originarios y grupos socioeconómicos vulnerables.
En este contexto, la actualización de la NDC que Chile presentó en la COP30 constituyó un avance significativo. El marco renovado para el periodo 2025-2035 elevó la ambición climática e integró con mayor solidez la adaptación, la resiliencia y la justicia social como pilares esenciales de la acción climática. Este planteamiento reconoce que la transición no puede limitarse a lo tecnológico, sino que debe abarcar también las dimensiones sociales y territoriales.
Una transición equitativa y recursos económicos para impulsar el cambio
Uno de los elementos más relevantes de la actualización de la NDC chilena es la incorporación explícita de criterios de transición justa. Esto implica reconocer que el proceso de descarbonización genera impactos diferenciados en trabajadores, comunidades y sectores productivos, y que dichos impactos deben ser gestionados de manera anticipada y participativa.
La transición justa busca asegurar que nadie quede atrás en el proceso de transformación, promoviendo la reconversión laboral, el desarrollo de nuevas capacidades y la participación activa de los territorios en la toma de decisiones. Este enfoque es clave para sostener la legitimidad social de la acción climática y evitar que las políticas ambientales profundicen desigualdades existentes.
Junto con ello, Chile ha avanzado en la adopción de instrumentos económicos que refuercen las señales del mercado. El fortalecimiento del impuesto verde y la incorporación del precio social del carbono buscan que se internalicen los costos ambientales de las emisiones, alentando decisiones de inversión más coherentes con los objetivos climáticos. Bien concebidas, estas herramientas pueden impulsar la transición y, al mismo tiempo, generar recursos para financiar acciones de adaptación y apoyo social.
La responsabilidad de las empresas ante el cambio climático
El cumplimiento del Acuerdo de París no recae únicamente en los Estados, ya que las empresas desempeñan un rol crucial por su impacto en las emisiones y por la capacidad que tienen para innovar, invertir y transformar sus modelos productivos; en los últimos años, numerosas organizaciones han adoptado compromisos climáticos voluntarios, pero el reto vigente consiste en convertir esas promesas en estrategias concretas, medibles y sujetas a verificación.
La adopción de metas basadas en ciencia, la transparencia en los reportes de emisiones y la integración de la gestión de riesgos climáticos en la estrategia corporativa son pasos fundamentales para avanzar en esta dirección. Asimismo, la resiliencia empresarial frente a eventos climáticos extremos se ha convertido en un factor clave de competitividad y continuidad operacional.
En Chile, la colaboración entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil ha impulsado avances en este ámbito; sin embargo, persisten brechas significativas. Convertir el compromiso en acciones concretas exige fortalecer capacidades técnicas, asegurar financiamiento y adoptar una visión sostenible que incorpore a colaboradores, proveedores y comunidades.
Innovación, participación y corresponsabilidad social
La magnitud del desafío climático exige una transformación profunda de los modelos de desarrollo. Innovar no solo en tecnologías limpias, sino también en gobernanza, financiamiento y participación ciudadana, es indispensable para acelerar el cambio. La acción climática efectiva se construye desde múltiples niveles, combinando políticas nacionales con iniciativas locales y esfuerzos individuales.
La participación ciudadana cumple un rol central en este proceso. Informar, educar y empoderar a la población permite generar una base social que respalde las decisiones difíciles que implica la transición, desde cambios en los patrones de consumo hasta reformas estructurales en sectores clave de la economía. Sin este respaldo, las políticas climáticas corren el riesgo de perder continuidad o efectividad.
Asimismo, la cooperación internacional sigue siendo un pilar fundamental. Compartir experiencias, transferir tecnologías y movilizar financiamiento climático hacia países en desarrollo son condiciones necesarias para que el objetivo global de 1,5 °C siga siendo alcanzable.
Diez años que transformaron de manera decisiva a Chile y al escenario mundial
A diez años del Acuerdo de París, Chile se encuentra en una posición estratégica. Los avances logrados en transición energética, institucionalidad climática y liderazgo regional ofrecen una base sólida para profundizar la acción en la próxima década. Sin embargo, el margen de error es mínimo. La ciencia es clara en señalar que las decisiones que se tomen entre ahora y 2035 definirán el rumbo climático del siglo.
No basta con comprometerse ni con liderar en indicadores específicos. El desafío es cumplir, escalar y acelerar. Transformar promesas en acciones concretas, medibles y verificables es la única forma de honrar el espíritu del Acuerdo de París y proteger el bienestar de las generaciones futuras.
La década que comienza será recordada como el momento en que la humanidad decidió, o no, cambiar de rumbo. Para Chile, la oportunidad es clara: liderar en América Latina una transición justa, resiliente y regenerativa que reduzca emisiones, fortalezca el tejido social y genere nuevas oportunidades económicas. El futuro climático no se define en declaraciones, sino en decisiones tomadas hoy, con urgencia, coherencia y visión de largo plazo.
