(CNN Español) — La XIV legislatura de España, que comenzó en diciembre de 2019 y finalizó en los días de finalización del ciclo, pasará a la historia como una de las más convulsas de los últimos años. Hasta que le dejó en varias ocasiones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que supo paliar las complejidades de gobierno en un periodo coincidente con la pandemia de la covid-19, la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y la guerra en Ucrania.

Bajo estas circunstancias, los miembros de las Cortes Generales sacaron adelante 214 leyes y tres presupuestos generales del Estado, tal y cómo recordó Sánchez a los diputados y senadores del Partido Socialista Obrero Español a finales de mayo.

Ora bien, entre todos los promedios adoptados por el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos ¿cuáles son las más destacadas del primer Gobierno de coalición de la democracia española? Continuando, retomamos cinco de ellas.

En materia de prestaciones sociales y cumplimiento del objetivo que figura en el acta de gobierno dictada entre el PSOE y Unidas Podemos, se encuentra la aprobación del aporte mínimo vital. Es un beneficio directo para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social para aquellas personas que necesitan recursos para cubrir sus necesidades básicas y que pueden solicitar alcaldes de 23 años que acrediten una situación de vulnerabilidad económica. Las ayudas parten del equivalente a unos US$ 634 y aumentan de acuerdo a las personas que conformen cada unidad de convivencia que se solicite. Hasta junio, más de 1,8 millones de personas se han beneficiado de este promedio, según datos de la seguridad social.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español en una fotografía de archivo.

Uno de los créditos que más se presume como recurrente Ejecutivo de izquierda de forma es el posterior incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha aumentado un 20% en cuatro años. En 2020, a pocos días de la conformación del gobierno de coalición, el Consejo de Ministros anunció el aumento del SMI a US$ 1.066 por mi parte, hasta US$ 56 más que el tope actual de 2019. los US$ 1.083 en 2021, US$1,122 en 2022 y US$1,212 en 2023.

Desde el 25 de junio de 2021, España se ha convertido, no sin polémica, en el cuarto país de la Unión Europea que tiene en vigor una ley que regula la eutanasia. Este medicamento permite que aquellas personas mayores de edad de estudios nacionales o residentes en España y que acrediten una enfermedad grave, crónica e incurable que les produzca un gran sufrimiento puedan acceder a ayuda para morir. Este servicio es de financiación pública, aunque se ofrece tanto en centros públicos como privados o incluso a domicilio. 319 personas terminaron con su vida con este procedimiento entre 2021 y 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

La reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como «Ley del aborto», fue una de las medias más relevantes que impuso el Ministerio de Igualdad. Con su entrada en vigor en marzo de este año, la ley permite que las mujeres de 16 y 17 años y las personas con discapacidad cesen voluntariamente en su vergüenza sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales y que este beneficio se garantice tanto en el centros tanto públicos como privados. Además, también regula en primer lugar en Europa que las mujeres que ostenten normas dolorosas e incapacitadas puedan recibir una incapacidad temporal pagada en el Estado.

Otra de las normas impulsadas por el Ministerio de igualdad y de profundo calado social es la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, conocida popularmente como “Ley trans”. Entró en vigor en marzo de este año con el objetivo de ofrecer protección a los alcaldes y eliminar la discriminación del colectivo LGTBI. Entre sus puntos más importantes, esta norma permite a los menores transexuales cambiar su mención registral de sexo en los documentos identificativos. En concreto, que los alcaldes de 16 años pueden hacerlo de forma autónoma, a partir de los catorce años con la asistencia de los progenitores ya partir de los doce años con aval judicial. Además, aunque elimina el requisito por lo que ahora se exige a las personas trans una información médica sobre su inconformidad de género y dos años de tratamiento hormonal para hacer efectivo su cambio de sexo en el Registro Civil.